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Activistas denuncian homofobia estatal y violencia contra la comunidad LGBTIQ en Venezuela

Mientras las políticas que protegen los derechos de la comunidad LGBTIQ avanzan en América Latina, donde el matrimonio igualitario es legal en ocho países y varios estados mexicanos, Venezuela se mantiene al margen de esta tendencia. 


En el país no hay legislación sobre cambio de sexo o nombre legal y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció “acciones arbitrarias y los abusos de autoridad cometidos por agentes de seguridad de Venezuela que denotan prejuicios relacionados con la orientación sexual, identidad y/o expresión de género, así como características sexuales de las personas”.


A principios de junio, los medios de comunicación reportaron que una pareja de hombres fue amonestada por los vigilantes de un centro comercial de Caracas por ir tomados de la mano. La acción fue respondida por una protesta de la comunidad LGBTIQ que consistió en pasear por el centro comercial tomados de la mano y darse besos en público, pero la demostración  terminó en violencia porque algunas personas que estaban en el centro comercial agredieron a los activistas con golpes e insultos. 



La homofobia no se manifiesta sólo con las parejas que se atreven a manifestar su afecto en público, también hay ataques contra lo que ocurre a puertas cerradas. 


El allanamiento del Club Avalon


El domingo 23 de julio de 2023, la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela entró sin orden de allanamiento al Club Avalon en Valencia, estado Carabobo, y detuvo a 33 miembros de la comunidad LGBTIQ. Todo esto a petición de una llamada anónima denunciando “una orgía de gente con VIH” en el lugar. Los presentes fueron encarcelados y sus cédulas de identidad fueron expuestas, junto a preservativos, como pruebas del “delito”.


Tres días después, liberaron a 30 de los detenidos, y los otros tres pasaron 10 días encarcelados antes de salir de la cárcel bajo régimen de presentación, que significa libertad limitada y obligación de presentarse ante un tribunal periódicamente. Finalmente, el 15 de agosto, después de una extensa campaña de apoyo en redes sociales, les dictaron el sobreseimiento. 


Discurso intolerante replicado en medios de comunicación


La actuación del Estado fue calificada por activistas como discriminatoria y homofóbica,  y la conversación que surgió en redes sociales a partir de este hecho demostró el alto grado de intolerancia que hay en Venezuela y lo vulnerable que es la comunidad LGBTIQ a que se violen sus derechos. 


Todo esto replicado por medios de comunicación que multiplican un discurso “irresponsable y estigmatizante”, de acuerdo al propio Colegio Nacional de Periodistas, que llamó a sus agremiados a revisar su código de ética. 


El caso de los 33 en Valencia ha sido icónico en la criminalización de la diversidad, pero no ha sido el único. En febrero de este año, un joven modelo fue detenido en Maracaibo, estado Zulia, por tomarse fotos vestido de ángel frente a la basílica de La Chinita.



El párroco de la iglesia lo acusó de “una actitud que somete al escarnio de la buena moral, por la manera como está vestido”. La publicación de la policía describe: “imágenes implícitas que perturbaron a la sociedad, donde se muestran a un sujeto vestido de manera indecorosa (…) sin importarles la presencia de niños, actividad que atentan contra las buenas costumbres y el orden familiar”. 


Al modelo se le imputó ultraje al pudor, se le prohibió salir del país por ocho meses y fue puesto en libertad bajo régimen de presentación cada 30 días.


Discriminación con motivación política


El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ documentó 461 casos durante 2023, donde “la mitad fueron discursos discriminatorios que ocurrieron en un contexto de impunidad y homofobia de Estado”. Cinco de estos casos fueron asesinatos, cuatro de ellos contra personas trans. El coordinador de la organización, Yendri Velásquez, “no descarta que hayan ocurrido más casos. Sin embargo, existen factores que imposibilitan que estos hechos lleguen a documentarse adecuadamente, como por ejemplo la falta de sensibilización de periodistas y medios de comunicación para respetar las identidades o porque no se denuncia el hecho”. 


La organización señala que, al ser 2024 año de elecciones presidenciales en Venezuela, el discurso intolerante ha escalado. “El aumento de los discursos discriminatorios basados en prejuicios por parte de funcionarios del Estado se da en el contexto de una alianza con grupos evangélicos, enmarcados en el momento electoral que estamos viviendo actualmente. Debido a esa alianza estimamos que estos discursos aumenten su intensidad y nivel de agresividad en contra de las personas LGBTIQ”. 


La visibilización de estos casos por parte de los activistas y la presión internacional son cruciales para fomentar un entorno más seguro y equitativo. En un contexto donde otros países de América Latina avanzan en la protección de los derechos de las personas LGBTIQ, es imperativo que Venezuela también tome medidas concretas para erradicar la discriminación y garantizar la igualdad de derechos para todos sus ciudadanos.



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