Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja debido a la intersección de diversas crisis sociales políticas y económicas. Esta situación resulta en un debilitamiento institucional que merma las capacidades para prestar servicios, para proteger y garantizar derechos humanos, y esto incluye todo lo relacionado con la salud sexual y reproductiva.
En este sentido, los derechos sexuales y reproductivos no están agrupados en una ley que los regule y señale mecanismos de atención, creando una debida protección legal. Sólo existe una norma de atención que establece las directrices, competencias, funciones de los niveles administrativos y los procedimientos para la atención integral en este ámbito. De esta forma, se genera un estado donde no hay garantías para el ejercicio de los derechos.
Esta falta de protección es grave y genera importantes consecuencias, entre esas las señaladas por Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA) cuando indicó según estudio realizado en tres instituciones hospitalarias en el mes de agosto de 2018, que en Venezuela tuvieron lugar un promedio de 10 a 11 abortos diarios.
Machismo generado desde el Estado
Por otra parte, el contexto social de Venezuela tiene un marcado carácter patriarcal y machista, donde la violencia en contra de las mujeres, adolescentes y niñas no solo se manifiesta como prácticas socialmente aceptadas, sino que, son generadas por el propio Estado.
Ejemplo de ello, el Estado ha validado a través de comentarios en los que se señala que las mujeres pueden ser una “propiedad” y que al tener un vínculo amoroso con una mujer te permite ser “dueño” de ella, como lo han hecho funcionarios que poseen altos cargos al señalar “la única propiedad que tengo es Cilia” .
Alta tasa de embarazos en adolescentes
Además, Venezuela es un Estado cuya tasa de embarazos en adolescentes es de casi 98 de cada 1000 jóvenes. Esto ha sido identificado por el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA) como una problemática que atiende a la escasez de anticonceptivos, la falta de educación en temas de salud sexual y reproductivas, la disparidad salarial y el incremento de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas como elementos que forman parte de los desafíos que enfrentan las venezolanas. Sumado a este contexto, Venezuela es uno de los Estados donde el aborto está legalmente penalizado, salvo que el embarazo atente en contra de la vida de la mujer, esto implica una directa restricción sobre el derecho de las personas a ejercer su autonomía sexual y reproductiva.
Salud sexual y reproductiva sin protección legal
Estos hechos violentos son un reflejo de la política estatal y demuestran la falta de una debida protección jurídica, que ocasiona un estado de incertidumbre y desprotección para las mujeres, adolescentes y niñas que necesitan acceder a los derechos sexuales y reproductivos. Por ello, el hecho de que no existan leyes que protejan los derechos sexuales y reproductivos, es una de las barreras que enfrentan hoy en día las mujeres, adolescentes y niñas en el acceso a sus derechos en Venezuela. Por lo anterior, es importante generar espacios de discusión donde se aborde la necesidad inmediata de que exista un acceso oportuno a los derechos sexuales y reproductivos, tanto desde la autonomía e individualidad que a cada persona nos corresponde como mujeres, personas no binarias, adolescentes y niñas así como desde el ejercicio de exigencia en colectivo.
Para ti, ¿cuál es otra de las consecuencias de la falta de regulación de los derechos sexuales y reproductivos?
Entra también en nuestro Foro - un espacio seguro para hablar libremente y aprender sobre todo lo relacionado con tu salud sexual y reproductiva.
