En 2021, María intentó denunciar su episodio de abuso sexual. Ella tiene una discapacidad auditiva y, en ese momento, no había un intérprete de lengua de señas venezolana que le ayudara a interponer su denuncia. Las autoridades no prestaron atención a su caso y fue ignorada por la justicia.
Este testimonio forma parte del Informe Anual 2022 sobre la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en Venezuela de Consorven, e ilustra las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes en el país.
La inclusión implica comprender la diversidad
La lucha por los derechos sexuales y reproductivos se ha posicionado como una de las banderas del feminismo contemporáneo. Desde el acceso a la educación integral sobre la sexualidad en América Latina hasta el fin de la mutilación femenina en África, los activistas se movilizan para garantizar que todas las personas puedan disfrutar de una vida sexual informada, placentera, sin violencia y sin discriminación, así como obtener las herramientas para decidir de forma autónoma sobre la vida reproductiva. No obstante, alcanzar esta meta nos requiere comprender las diferentes realidades que atraviesan las mujeres, niñas y personas gestantes en toda su diversidad.
Actualmente, la Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo viven 1300 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad, es decir, el 16% de la población.
Este grupo tiene requerimientos distintos, los cuales dependen de las características específicas de cada discapacidad. Es decir, las necesidades de una persona con discapacidad visual siempre serán distintas a las necesidades de una persona con discapacidad psicosocial.
De cualquier manera, los esfuerzos dedicados a garantizar la inclusión de las personas con discapacidad son esenciales para el desarrollo de una vida digna. Cabe destacar que la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) establece que los derechos son universales, sin distinción de identidad de género, condición socioeconómica, religión, discapacidad u otro factor social.
Personas con discapacidad en Venezuela necesitan información
En materia de derechos sexuales y reproductivos, el primer obstáculo al que se enfrenta este grupo es la falta de acceso a educación sexual integral. La carencia de recursos ajustados a sus necesidades específicas aumenta la brecha entre personas con y sin discapacidad.
Cofavic confirma que la principal barrera de acceso para personas con discapacidad en Venezuela a una óptima salud sexual, reproductiva es la poca información accesible y señala que el 54,8% de las mujeres con discapacidad entrevistadas no reciben información científica o de fuentes confiables sobre salud.
Esta realidad también se ve reflejada en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, pues las consultas ginecológicas, la asesoría en anticoncepción, la interrupción voluntaria del embarazo y demás servicios no están adaptados para personas con discapacidad.
Una necesidad global
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento jurídico que busca proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad y promover condiciones de igualdad que permitan el desarrollo integral de este grupo.
La convención fue aprobada en 2006, donde participaron varios actores: Estados miembros de la ONU, Observadores de la ONU, Relator Especial sobre Discapacidad, y Organizaciones no gubernamentales.
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En el año 2009, la República Bolivariana de Venezuela ratificó esta convención, lo cual genera al Estado venezolano el compromiso de tomar medidas legislativas y administrativas, así como a desarrollar políticas públicas inclusivas. Sin embargo, del papel a la realidad, la exclusión social permanece, lo cual perpetúa la desigualdad de derechos para las personas con discapacidad en el ámbito sexual y reproductivo.
La vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad es un problema significativo que históricamente ha permanecido invisibilizado. Es fundamental abogar por la igualdad de derechos, eliminar estigmas y prejuicios, y promover la inclusión de este grupo en todas las esferas de la sociedad. La garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad es esencial para construir una sociedad más justa e inclusiva.
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